El 29 de marzo de 1996, en la ciudad de Caracas, se firmó el primer instrumento jurídico internacional para combatir la corrupción en el marco de la celebración de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (CICC). Es allí, donde por primera vez se hace referencia en el ámbito internacional al delito de enriquecimiento ilícito. En esta Convención quedaron sentadas las bases para combatir este flagelo y la necesidad de la cooperación entre sí de los Estados, con el “fin de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”. La corrupción mineraliza y socava la legitimidad de las instituciones del estado, y supone un atentado contra la sociedad, ya que esos dineros públicos que son para fines sociales, les son birlados a las naciones y llegan a las cuentas bancarias de funcionarios inescrupulosos, que realizan triangulaciones financieras entre distintos países. Constituyendo este modus operandi, una de las causas de la internacionalización del delito, porque no se trata solo de perseguir y sancionar al funcionario público corrupto, sino también de confiscar y repatriar los bienes mal habidos donde quiera que se encuentren, ya que la corrupción no tiene fronteras, ni raza.

LA CORRUPCIÓN, CULTURA DE LA IMPUNIDAD

La corrupción ha jugado un rol de primera línea en la política y en las campañas electorales en América Latina en los últimos años, especialmente en países como Brasil, Perú, Colombia, México, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Guatemala, Panamá, Ecuador y Venezuela. Muchos mandatarios o ex mandatarios, así como altos funcionarios de estos países, se han visto envueltos, de manera directa e indirecta, en casos de corrupción en sus diversas modalidades. La mancha y la tentación de la corrupción se han convertido en el trapiche que ha molido y devorado liderazgos continentales. La corrupción esta tumbando más gobiernos que los movimientos subversivos o los militares rebeldes. En muchas naciones se ha creado lo que denomino una cultura de la impunidad. Encontramos países donde la separación de los poderes del estado es casi inexistente, donde el nombramiento de jueces y fiscales es controlado por esferas políticas, donde la disidencia es silenciada; ahí impera la impunidad y se hace difícil procesar y castigar ese terrible flagelo.

LA CORRUPCIÓN, MATA MÁS PERSONAS QUE LAS GUERRAS Y EL HAMBRE

La corrupción política es más dañina y mata a más personas que las guerras y el hambre. Cuando un político, para obtener ganancias personales, utiliza la influencia y el poder del Estado, cuando se adoptan o desvían fondos de la nación cometiendo un acto de corrupción, se está matando a la sociedad porque esos recursos son para: la compra de medicinas, crear o mejorar los centros hospitalarios; la siembra o importación de productos alimenticios; la ganadería o mejorar el rebaño y el pie de cría y para mejorar los servicios y calidad de vida de sus conciudadanos. Por esa y otras causas, vemos como las personas mueren de mengua en las puertas de los hospitales, porque los recursos que estaban destinados para la solución de esos problemas vitales, gente inescrupulosa los roban o se apropia de ellos, causando un daño a la humanidad.

Para combatir la corrupción además de las leyes y la normativa jurídica es primordial que exista un poder judicial autónomo, independiente y eficaz; una fiscalía del ministerio público y una contraloría dispuesta a investigar, procesar, solicitar y aplicar las sanciones a que haya lugar sin distingo de color político ni de clase social. Para ello es indispensable la creación de un Tribunal Penal Internacional de las Américas, con autonomía y jurisdicción para juzgar y sancionar estos crímenes y hacer cumplir sus sentencias con cooperación de las instituciones y organismos internacionales.